sábado, 18 de junio de 2011

Cárceles y Decisiones Urgentes

Manos para el Trabajo

Se podrían contar miles de historias, podríamos señalar varios responsables, se podría apuntar con nuestro dedo acusador a muchísimas personas (de la cuarta y de la quinta), pero a está hora sólo se pueden ofrecer ideas, para que se tomen decisiones que ayuden a  solventar la urgencia carcelaria que vive la República y en base a ellas, ir construyendo un grupo conformado por el mejor talento humano sobre la materia, ahora bien, los acontecimientos en el Rodeo demuestran muchas cosas, entre ellas, la complicidad de civiles y militares (activa o pasiva) en el estado actual de nuestras cárceles, se hace necesario que el Estado funcione de acuerdo a como lo indica la constitución, no estamos en hora de leyes, decretos, ministerios, estamos en la hora de tomar decisiones que estabilicen POR AHORA el sistema carcelario, El Estado debe tomar el control perdido en las cárceles en una operación simultanea entre el CICPC, La Guardia Nacional, El SEBIN, el Ejercito, El Ministerio Público, Paramédicos, Ministerio de Infraestructura, La Defensoria del Pueblo, Universidades y los respectivos tribunales de ejecución, en este procedimiento no deben ni pueden participar las personas que tengan actualmente la guardia y custodia de los centros penitenciarios, a fin de: 1. Reestablecer la Autoridad del Estado en los centros Penitenciarios 2. Desarmar a la Población Reclusa 3. Realizar un análisis en el terreno de las condiciones físicas de las cárceles 4. Un proceso de auditoria de las operaciones administrativas y de custodia 5. Registro Automatizado de los Privados de Libertad a fin de establecer sus condiciones físicas e intelectuales, grado de peligrosidad de acuerdo al delito por el cual están siendo procesados o por el cual están cumpliendo condena, familiar de contacto, a fin, de establecer comunicación directa con el mismo, en cualquier circunstancia que así lo amerite. 6. Prohibir la posesión y uso de cualquier medio de comunicación hacia el exterior del recinto carcelario, en este punto, con la ayuda de CANTV se deberán colocar teléfonos públicos, a fin que sean por los mismos, que los privados de libertad se comuniquen con sus familiares o cualquier otra persona al exterior de la cárcel. 7. Remover a todo funcionario civil o militar que tenga que ver con la administración y custodia de cada cárcel actualmente y estos sean sustituidos por otros funcionarios del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia de forma temporal. 8. Instalar Sistemas de Vigilancia en los puntos estratégicos de cada recinto penitenciario y que las imágenes captadas por las cámaras se puedan ver en tiempo real en una sala donde se encuentre funcionarios del Ministerio Público, la Defensoria del Pueblo y de la administración del penal. 8. Una vez que se tenga el control de cada cárcel y del necesario procedimiento de requisa, el Ministerio de Infraestructura con sus técnicos deberá realizar un análisis del estado físico de la infraestructura, a fin de tener un diagnostico preciso y claro de la estructura carcelaria y establecerá las prioridades; luego de que se haya realizado este estudio se dotaran a los mismos privados de libertad de medios suficientes para que limpien las celdas y áreas comunes  del recinto con la ayuda y vigilancia de personal civil y militar. 9. Trasladar al espacio más cercano del recinto carcelario al Ministerio Público, a los tribunales de control y de ejecución, a fin de establecer las medidas cautelares sustitutivas y demás beneficios procesales que procedan en cada caso. 10. Nombrar fiscales especiales para  investigar y/o buscar a los presuntos responsables del tráfico de armas y drogas dentro de las cárceles. 11. Nombrar fiscales especiales para investigar los hechos ocurridos en el Rodeo I hace una semana. 12. Las bandas dentro de las cárceles deben ser desmanteladas a tal fin, se deberá tomar la decisión de establecer un lugar dentro del propio recinto penitenciario que aislé por varios días o semanas de forma disciplinaria a los llamados PRAM y a sus seguidores, prohibiéndoles cualquier contacto con el mundo interno o externo de la cárcel.
Si en estos procedimientos los llamados PRAM y sus seguidores, hacen uso de la fuerza y de sus armas, se debe establecer un procedimiento a fin de establecer un periodo de negociación  en el cual intervengan los familiares, la iglesia, las autoridades especializadas en negociaciones, este periodo debe tener un máximo de dos horas, pasadas estas, el proceso de intervención se ejecutará, quedando el Estado autorizado para que por medio del uso controlado y proporcionado de la fuerza se logre vencer a los alzados en armas.
No debe quedar duda a lo interno de las cárceles quien tiene el monopolio de las armas y  quien ejerce la autoridad, de este procedimiento de intervención debe quedar claro que el Estado está dispuesto y preparado para implantar en las cárceles un sistema de orden y disciplina necesario para el efectivo control de las mismas.
El estado en estás situaciones debe actuar sin dogmas, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial junto al Ministerio Público están obligados a trabajar de forma coordinada pero cada uno, sobre todo el Poder Judicial y el Ministerio Público deben preservar su autonomía a fin de establecer las responsabilidades penales correspondientes dentro del ejecutivo y sus órganos encargados del sistema penitenciario.
La Asamblea Nacional debe debatir el tema con altura y la seriedad de amerita la situación, sin solidaridades automáticas y del debate debe concensuarse un plan de acción para que en coordinación con el ejecutivo se establezcan puentes entre los poderes relacionados con el sistema penitenciario, las universidades, expertos en la materia y sociedad en general a fin de discutir y aprobar un modelo de sistema penitenciario en el cual todos los sectores públicos y privados estén comprometidos a construir.
Un sistema Penitenciario moderno, humano y socialmente responsable debe nacer y desarrollarse, esto es garantía de seguridad ciudadana.

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